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Gironenses piden que se respete su decisión en las urnas

«A la voz de nuestra agüita, todo el mundo se levanta, a defender Kimsakocha.
Agua quiero, agua quiero, oro no. Vida quiero, vida quiero, muerte no».

Con este canto, las comunidades defensoras del agua celebraron la victoria del no en la consulta popular sobre la minería de Kimsakocha, en el cantón Girón.

El no ganó y de largo en el cantón Girón, con 7 135 votos que representan el 86,79% del total. La situación es similar en dos parroquias más. En Asunción, con 2 343 empadronados, el 86,43% dijo no a la minería. Girón, la zona con mayor población, también votó por el No y obtuvo el 88,63% de los votos. En San Gerardo, la diferencia es menor. En este territorio, fragmentado por las regalías mineras, el No se impuso con el 55,27%.

Para Lauro Arariwa Sigcha, presidente de la FOA y activista por 16 años, la victoria ha permitido posicionar varios mensajes como el derecho de los pueblos y comunidades a ser consultados, fortalecer la resistencia de los territorios con conflictos mineros y pensar en otro mundo más sustentable y justo.

Sin embargo, la celebración por el triunfo del No apenas duró la noche de ese 24 de marzo. Al día siguiente, las declaraciones de la empresa minera Inv Metals y de los voceros del gobierno de Lenín Moreno mataron la alegría de los defensores del agua. La compañía, en un comunicado, informó que reubicará las instalaciones de procesamiento y relaves fuera del cantón Girón, y que seguirá con las actividades mineras y agotará todas las instancias legales jurídicas en el Ecuador, y si fuera necesario, acudirá a los organismos internacionales.

Bolívar Quezada, de 33 años, presidente de los sistemas de agua de la comunidad de Cauquil, exige que se respete la decisión de los gironenses en las urnas.

El martes 26, Carlos Pérez, el ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables, dijo que la situación es “preocupante”, que los resultados son “un golpe” para la industria minera. Habló de la probabilidad de demandas contra el Estado ecuatoriano y hasta vaticinó que perderían recursos económicos y en el ámbito jurídico. El viernes 29, 9 empresas mineras y la Cámara Nacional de Minería se agruparon en la denominada Alianza para la Minería Responsable y solicitaron a la Corte Constitucional que se pronunciara sobre estos resultados.

Yaku Pérez Guartambel, prefecto electo del Azuay y abogado de las comunidades defensoras del agua, sostiene que la consulta es vinculante, es decir, que el pronunciamiento popular será de obligatorio e inmediato cumplimiento. Además, así lo establece la actual Constitución del Ecuador, en su Artículo 106. En caso de que las actividades mineras continúen en Girón, pese a la notificación de los resultados del CNE, la empresa minera podría enfrentar un juicio penal por desacato, dijo Yaku Pérez.

Reportó Daisy Masapanta, periodista de Radio Kimsakocha

 

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