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Minería formal: violencia y contaminación

Compartimos este trabajo colaborativo sobre la situación de la minería en América Latina.
 
Los empresarios mineros aseveran que solo la minería ilegal contamina y provoca violencia, pero omiten todo lo que hace la minería legal. Aquí un extracto de lo que ocurrió en el año 2018 en la Amazonía y Sierra ecuatoriana.
 
Refresquemos la memoria: Texto de Acción Ecológica.
 
«En el caso de los proyectos Río Blanco y Mirador, los niveles de violencia han aumentado, verificables en las agresiones que la empresa privada de seguridad de Junefiel Resources cometió en octubre de 2017 o el asesinato de José Isidro Tendetza cometido en diciembre de 2014, hasta ahora en impunidad. Por otra parte, pese a las denuncias de impactos ambientales (deslaves, deforestación, desecamiento de fuentes de agua, polvo y ruido) hasta ahora, no existe control ni sanción por estos hechos». 
«El proyecto minero Río Blanco, operado por la empresa Ecuagoldmining S.A., filial de la china Junefield Resources S.A., este proyecto afecta aproximadamente 5000 ha. en la zona del páramo del Macizo del Cajas que fue declarado Reserva de la Biosfera de la UNESCO; cabe mencionar que una parte de la concesión minera de esta empresa está dentro del Parque Nacional Cajas, lo cual es una violación de la voluntad popular expresada en la última consulta popular, que prohíbe actividades mineras en áreas protegidas. Desde hace varios años las comunidades de la zona denuncian la afectación del agua por los impactos de la actividad que está en fase de explotación, piden la salida de la empresa y que se efectivice la extinción de las concesiones mineras. Esta concesión hace parte de aquellas extintas por el Mandato Minero de 2008. En este contexto, las comunidades de la parroquia Molleturo en el marco del ejercicio de su derecho constitucional a la resistencia, realizaron medidas de hecho para presionar la salida de la empresa minera de su territorio. Como respuesta el Estado ha dispuso la intervención de fuerzas especiales para reprimir la protesta social. Los habitantes de Río Blanco denunciaron que, miembros de la seguridad privada y los propios trabajadores de la empresa minera ejercieron actos de violencia en contra de los pobladores. Como resultado del uso desproporcionado de la fuerza por parte del Estado y empresa, decenas de personas fueron perseguidas, se allanó viviendas de pobladores identificados como opuestos a la minería, se dieron detenciones arbitrarias»
Informe completo del Observatorio de Conflictos de América Latina OCMAL: Conflictos-Mineros-en-América-Latina.-Estado-de-situación-2018

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